El Principado de Asturias estudia sancionar a los jugadores de loterías ilegales
El Principado de Asturias, España, trata de atajar a las loterías familiares, una práctica que no está recogida en la Ley del Juego y que cada año mueve millones de euros. Los usuarios se resisten a renunciar y exigen que se legalice y mientras tanto encubren a los promotores.
Campañas como la efectuada en febrero, con el apoyo de agentes sirvieron para cerrar la mayoría de las salas, aunque tarde o temprano vuelven a abrir en otro barrio.
Hasta ahora la Administración regional se limitaba a incoar un expediente contra los promotores de las loterías ilegales y a imponerles una multa, ya que no se trata de un delito penal.
Aunque la legislación también tiene un apartado reservado para las sanciones a jugadores no lo había aplicado porque el perfil de los usuarios, en su mayoría mujeres de escasos recursos económicos, no podrían hacer frente a una fuerte cuantía económica.
Pero el Principado observa desde la barrera como las loterías proliferan sin que pueda hacer nada y como, incluso, los jugadores tapan a los empresarios y se manifiestan en la calle exigiendo que se legalice. Según el artículo 45 de la ley los jugadores tienen una responsabilidad administrativa por acudir a estas salas y la falta se consideran una infracción grave, con una pena de 3.000 euros (3.639 dólares) a 15.025. (18.198 dólares).
En Asturias, el personal especializado está en el Servicio de Control de los Juegos de Azar, que depende de la Brigada Provincial de la Policía Judicial. En las últimas semanas han cerrado cuatro salas.
El servicio de control actúa mediante denuncias de la Dirección General de Finanzas y Hacienda del Principado, que llega a este departamento gracias a las comunicaciones a la Delegación del Gobierno. También pueden establecer operativos a raíz de quejas de terceros e incluso actuar de oficio cuando tienen conocimiento de que se está produciendo un delito relacionado con su actividad.
